Por Rolando Espinal
En exclusiva para Foco Público
¿Por qué un ciudadano con uniforme puede arriesgar su vida por la patria, pero no puede decidir su futuro en las urnas? La pregunta, formulada en su desnudez más elemental, expone una contradicción que la democracia dominicana ha preferido no mirar de frente durante décadas. Un soldado que empuña un fusil para defender la soberanía nacional, un policía que enfrenta el peligro en cada esquina para proteger la vida de los civiles, un militar que deja su familia para custodiar la frontera: ellos pueden morir por la patria, pero no pueden votar por ella. La lógica se quiebra, la coherencia se desvanece y la doble moral se instala en el centro de nuestro sistema democrático como un huésped incómodo al que hemos aprendido a convidar sin cuestionarlo.
La Constitución, en su artículo 208, lo prohíbe de manera expresa: “No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Pero el artículo 75, numeral 2, nos ordena a todos los ciudadanos el deber de “votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo”. Ahí está la primera contradicción, el primer nudo de una madeja que la historia y la política han enredado hasta hacerla parecer natural. No lo es. La arquitectura constitucional, en su pretensión de coherencia interna, se resquebraja ante esta aparente anomalía que, sin embargo, ha sido elevada a dogma por la costumbre y el miedo.
Para entender la magnitud de esta exclusión, hay que viajar al pasado con la mirada limpia de prejuicios. Entre 1854 y 1924, los oficiales dominicanos sí podían votar. La Constitución de 1854, en su artículo 31, reconocía ese derecho como una extensión natural de la ciudadanía. No fue una anomalía, fue la norma durante siete décadas. Fue el miedo a los golpes de estado, a la injerencia militar en la política, lo que nos llevó a vetarlos en la reforma constitucional de 1978. Castigamos a toda una institución por los pecados de unos pocos, como si prohibiéramos el merengue porque alguien baila mal, como si condenáramos la literatura porque un poeta cometió un delito. La suspicacia, en su afán de protegernos, nos ha negado la posibilidad de confiar en aquellos mismos que juran defender la Carta Magna que los excluye.
El contexto de 1978 era comprensible: la región había vivido décadas de dictaduras militares, y la democracia emergente necesitaba construir diques de contención. Pero ese contexto cambió. Las Fuerzas Armadas dominicanas de hoy no son las de ayer. Han pasado de ser beligerantes y dictadores a civilistas, de ser actores políticos a ser instrumentos subordinados al poder civil. El artículo 252 de la Constitución lo establece con claridad: las Fuerzas Armadas son “esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”. Si son apartidistas, si son obedientes al poder civil, si no deliberan, ¿qué riesgo real representa que sus miembros, como ciudadanos individuales, ejerzan un derecho fundamental en la intimidad del voto secreto? La pregunta, en su formulación más inocente, desnuda el absurdo de la prohibición.
El argumento más repetido por los opositores a esta reforma es el de la presión institucional. Nos dicen: “El soldado le teme más a su sargento que a cualquier político. Si el superior sabe por quién votó el subalterno, la libertad del sufragio se convierte en una farsa”. La objeción suena razonable, pero se desmorona ante el más mínimo análisis. ¿Acaso a usted, ciudadano civil, alguien le pregunta por quién votó? El voto es secreto. La boleta se deposita en una urna que no pregunta nombres ni grados. El sistema electoral dominicano tiene mecanismos para garantizar el secreto del sufragio que funcionan para todos los ciudadanos. ¿Por qué no habrían de funcionar para los uniformados? La sospecha, en su afán de proteger la pureza del sufragio, termina por subestimar la inteligencia del sistema electoral y la integridad de quienes lo administran.
El propio Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha señalado que en otros países se ha implementado el voto militar bajo normas específicas que restringen su participación política: “En algunos países se permite votar, pero no ser elegidos. Usted puede votar, pero no puede hacer pronunciamiento político ni aspirar a cargos. Esa podría ser una vía intermedia”. La sugerencia, prudente y realista, abre una puerta que la rigidez constitucional ha mantenido cerrada con llave. El miedo a la presión jerárquica no es un argumento constitucional, es una excusa para mantener el statu quo, un cómodo refugio para quienes prefieren la inercia antes que la audacia de repensar la democracia.
El debate sobre el voto militar divide a los constitucionalistas en dos bandos con argumentos de peso, y en esa división se refleja la tensión fundamental de nuestra democracia. Del lado de la prohibición, encontramos a quienes defienden el artículo 208 como una salvaguarda necesaria. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, ha rechazado rotundamente la idea al considerar que el país no cuenta con los niveles de institucionalidad necesarios para entregar “más poder” a miembros de las fuerzas militares o policiales. Para este sector, la prohibición no es una discriminación, sino una prudencia histórica, un recordatorio de que la democracia es frágil y que el poder militar, cuando se combina con el poder político, puede convertirse en una amenaza existencial. Argumentan que los militares y policías en servicio activo están sometidos a una cadena de mando que podría distorsionar la libertad del sufragio, y que la politización de las fuerzas castrenses es un riesgo que la democracia no debe correr. Un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode) respalda esta preocupación al señalar que “en muchas de las naciones en las que se ha habilitado este tipo de sufragio, al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la politización de las Fuerzas Armadas, se han generado fallas democráticas significativas y se han producido acciones políticas suspicaces”. El temor no es infundado: la historia de América Latina está plagada de ejemplos donde el poder militar se convirtió en poder político, y la memoria de esos episodios pesa como una losa sobre cualquier intento de reforma.
Del lado de la inclusión, encontramos voces igualmente autorizadas que reclaman una revisión de la prohibición. La jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz Inoa, ha planteado que “es tiempo ya de pensar en incorporar a los miembros de las instituciones militares y policiales a la escena social”. La magistrada argumenta que el artículo 75, numeral 2, establece el deber ciudadano de votar siempre que existan las condiciones legales, y que ha llegado el momento de reflexionar sobre la inclusión de los uniformados en el ejercicio del sufragio. Su postura no es ingenua; es la de una jurista que entiende que la Constitución no es un texto sagrado e inamovible, sino un instrumento vivo que debe adaptarse a las realidades cambiantes. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha secundado esta posición al sostener que la discusión debe abordarse “con serenidad y sin prejuicios históricos”, recordando que en la República Dominicana se permitió el voto militar desde 1854 hasta 1924. El vocero del bloque de diputados del PRM, Amado Díaz, también ha valorado el planteamiento, aunque advirtió que el país aún debe evaluar su madurez institucional. Entre la prudencia y la audacia, entre el miedo y la confianza, se debate el futuro de los derechos de quienes visten uniforme.
La República Dominicana es actualmente uno de los pocos países del continente que mantiene la prohibición total del voto militar. Según el estudio del OPD-Funglode, “mientras hace tan solo unas décadas la mayoría de los países de la región contemplaban el referido veto en sus constituciones y legislaciones electorales, en la actualidad sólo cinco países mantienen esta prohibición: Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana”. En contraste, en Chile, México, Argentina y Bolivia, los uniformados pueden votar bajo normas específicas. Estos países han entendido que la democracia no se construye excluyendo a quienes la defienden con su vida, sino integrándolos plenamente al ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué tienen esos países que no tengamos nosotros? ¿Acaso su institucionalidad es tan superior que pueden permitirse lo que nosotros no? ¿O será que nosotros seguimos anclados en miedos del siglo pasado mientras el mundo avanza? La comparación, en su crudeza, invita a una reflexión incómoda sobre nuestra propia madurez democrática.
Hay un argumento que los opositores no dicen en voz alta, pero que flota en el ambiente del debate como un fantasma que todos perciben pero nadie nombra. El verdadero miedo no es que los militares y policías voten, sino que al hacerlo exijan sueldos dignos y mejor equipamiento. Porque un militar que vota es un militar que se siente parte de la sociedad, que tiene un interés legítimo en el rumbo del país, que puede presionar democráticamente por mejores condiciones. La exclusión del voto no es solo una privación de derechos, es también una forma de mantener a las fuerzas armadas y la policía en un silencio cómplice, sin herramientas democráticas para hacer valer sus demandas. El trabajador civil puede sindicalizarse, puede protestar, puede votar para elegir a quien defienda sus intereses. El militar y el policía no. Están sometidos a un régimen disciplinario que les impide incluso la más básica de las manifestaciones ciudadanas. Y encima, les negamos el voto. ¿Qué mensaje enviamos con esta exclusión? ¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo cuando negamos el derecho más elemental a quienes más sacrifican por la nación?
El artículo 22 de la Constitución establece que “son derechos de ciudadanas y ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”. Ser ciudadano no se discrimina por ser civil o militar. Es, sencillamente, ciudadano. Pero la práctica nos dice otra cosa. Un militar o policía activo es un ciudadano de segunda categoría: paga impuestos como cualquier dominicano, contribuye al sistema de seguridad social, arriesga su vida en el cumplimiento del deber, pero cuando llega el momento de decidir el rumbo del país, su voz no cuenta. Su cédula, el documento que lo acredita como dominicano, queda anulada por el uniforme. La democracia no se construye excluyendo. La democracia se fortalece incluyendo. Excluir a un sector completo de la sociedad del ejercicio del sufragio es una contradicción en los términos, es una democracia coja que se niega a sí misma, que se mutila en su propia esencia.
Este artículo no pretende cerrar el debate, sino abrirlo. Invitamos a todos los sectores de la sociedad dominicana a reflexionar sobre esta pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a seguir excluyendo a quienes nos protegen? El tiempo llegó de la igualdad. No podemos seguir castigando a una institución entera por los pecados de unos pocos en el pasado. No podemos seguir utilizando el miedo como excusa para mantener una discriminación que ya no tiene justificación. Los militares y policías dominicanos de hoy no son los golpistas del ayer. Son ciudadanos que eligieron una carrera de servicio y sacrificio. Merecen, como mínimo, que se les reconozca el derecho fundamental que la Constitución les niega.
Para hacer posible este cambio, sería necesaria una reforma constitucional, ya que la actual Carta Magna prohíbe el sufragio a los uniformados de forma expresa. Pero las reformas constitucionales no son imposibles; son herramientas que los pueblos tienen para adecuar sus leyes a la realidad cambiante. Hoy, la realidad nos dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones profesionalizadas, subordinadas al poder civil y comprometidas con la democracia. La realidad nos dice que otros países de la región ya han dado este paso sin que su democracia se haya derrumbado. La realidad nos dice que los militares y policías dominicanos son ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué señal debe llegar para que dejemos de lado el miedo y abracemos la confianza?
Los que se oponen al voto militar argumentan que el país no está listo, que la institucionalidad es débil, que el riesgo de politización es alto. Pero la historia nos enseña que la madurez institucional no se logra excluyendo, sino integrando. La democracia no se fortalece negando derechos, sino garantizándolos. El voto militar no es una amenaza para la democracia; es una oportunidad para profundizarla. Es un puente entre la sociedad civil y las instituciones castrenses, un reconocimiento de que los que defienden la patria también tienen derecho a decidir su rumbo. La jueza Sonia Díaz lo dijo con claridad: “En mi correcto juicio, es tiempo ya de pensar en incorporar a los miembros de las instituciones militares y policiales a la escena social”. El tiempo llegó de la igualdad. Juntos venceremos 2028.
El uniforme no borra la cédula. Votar es un derecho fundamental que le impedimos a los hombres del uniforme bajo una doble moral. Porque la verdadera democracia no se construye con exclusiones, sino con inclusiones. Porque la patria no se defiende con ciudadanos de segunda categoría. Porque el soldado que arriesga su vida por la nación merece, al menos, poder votar por ella. Dios bendiga a los que defienden la patria. Y Dios bendiga a los que luchan por una democracia sin exclusiones.
Rolando Espinal
Creador de contenido digital
Rolandoespinal.com
En exclusiva para Foco Público
