Por Rolando Espinal / en exclusiva para Focopublico.com
El clamor que no puede esperar
¿Recuerda la última vez que fue a la playa y tuvo que pelear con un vigilante, saltarse un portón o mendigar un permiso para pisar la arena? ¿Recuerda esa sensación de impotencia al ver un cartel que decía “playa privada” y sentir que le estaban arrancando un pedazo de su patria?
Pues no está solo. Y no es casualidad. Lo que está ocurriendo en nuestras costas no es un accidente, es un robo. Un robo silencioso, legalizado por la costumbre y la complicidad, que ha ido arrebatando al pueblo dominicano uno de sus patrimonios más preciados: el derecho a caminar descalzo sobre la arena de sus propias playas.
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Observación del problema: el caso de Playa Minitas, la hipérbole del despojo
Vamos a ponerle nombre y apellido a este atraco. Se llama Playa Minitas, en La Romana, dentro del complejo Casa de Campo.
Si usted no es huésped de ese resort, simplemente no puede entrar. No importa que sea dominicano, no importa que haya nacido a pocos kilómetros de allí, no importa que sus abuelos hayan pescado en esas aguas. Para acceder a Playa Minitas, “generalmente se necesita ser huésped del complejo”. Es más, “si no es por mar, no llegas a la Playa Minitas”. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Que una de las playas más hermosas del país, la que algunos llaman “la playa más limpia de República Dominicana”, ha sido secuestrada por un puñado de privilegiados.
Y no me vengan con el cuento de que es un “complejo privado”. La playa es playa, y la Constitución es clara. Pero el mensaje que envía Casa de Campo es brutal: aquí no entras, aquí no perteneces, esta belleza no es para ti.
Playa Minitas no es un caso aislado. Es la punta del iceberg de un problema que se repite a lo largo de todo nuestro litoral. Hoteles que acaparan la orilla, residenciales que cierran el paso, carteles que mienten descaradamente diciendo “playa privada” cuando la ley dice todo lo contrario.
Y mientras nosotros, el pueblo, nos quedamos mirando desde afuera, ellos disfrutan de nuestras playas como si fueran suyas.
Marco legal: lo que la Constitución dice (y lo que los poderosos ignoran)
Vamos a hablar claro y sin tecnicismos. La Constitución dominicana, en su artículo 15, es taxativa: “Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso”. No dice “son de libre acceso para los huéspedes de hoteles”. No dice “son de libre acceso si el dueño del resort está de buen humor”. Dice libre acceso, punto.
Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0751/23, fue aún más lejos: determinó que el acceso a las playas constituye un derecho fundamental y que los propietarios de terrenos colindantes no pueden impedir el disfrute de un bien que pertenece al dominio público. La sentencia dejó claro que ser dueño de un hotel o una villa frente al mar no implica ser dueño de la playa.
Además, la Ley 305-68 establece una franja marítimo-terrestre de 60 metros contados desde la línea de pleamar. Esa franja es de dominio público. ¿Sabe lo que eso significa? Que en esos 60 metros, nadie puede construir, nadie puede cerrar, nadie puede prohibir el paso. Es territorio de todos.
Entonces, ¿cómo es posible que Playa Minitas, y tantas otras playas, estén vedadas al pueblo dominicano? ¿Cómo es posible que un cartel tenga más poder que la Constitución?
La respuesta es sencilla: porque no hemos exigido que se cumpla la ley.
Análisis del problema: el Estado ausente y el ciudadano resignado
