En los últimos días, la República Dominicana ha vivido un momento de intensa convulsión social debido a las masivas protestas organizadas en diferentes partes del país. El epicentro de estas manifestaciones ha sido la comunidad de Friusa, en la provincia de La Altagracia, donde el enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes ha dejado huellas profundas en la opinión pública y en el ánimo colectivo del pueblo dominicano.
El detonante de estas manifestaciones fue el creciente descontento ciudadano por la percepción de falta de transparencia y de compromiso del gobierno con los intereses de la nación, especialmente en lo que respecta al manejo de la migración haitiana y el derecho a la protesta pacífica. En este contexto, la marcha organizada por el grupo denominado Antigua Orden Dominicana se perfiló como una expresión legítima del sentir popular. Sin embargo, lo que comenzó como una demostración pacífica pronto se convirtió en un caos, marcado por el uso excesivo de la fuerza policial y la presencia de grupos infiltrados que alteraron el orden.
Los Orígenes del Descontento: La Antigua Orden Dominicana y el Derecho a la Protesta
La marcha convocada por la Antigua Orden Dominicana tenía un propósito claro: reclamar el derecho a la soberanía nacional y denunciar lo que consideran una permisividad gubernamental frente a la inmigración ilegal. Desde hace meses, este grupo ha venido advirtiendo sobre la situación en la comunidad de Friusa, donde, según sus líderes, existe una especie de “enclave extranjero” que va en contra de los intereses del pueblo dominicano.
El 30 de marzo, el grupo se dirigió al lugar con la intención de manifestarse pacíficamente, portando pancartas y coreando consignas en favor de la defensa de la patria. Sin embargo, lo que los manifestantes no esperaban era la fuerte respuesta de las autoridades, que desplegaron un importante contingente policial para limitar el acceso a ciertos puntos estratégicos de la zona.
La Trampa en Friusa: ¿Represión o Oposición?
El desarrollo de la protesta se vio rápidamente empañado por actos de violencia que comenzaron con el uso de bombas lacrimógenas y chorros de agua por parte de la Policía Nacional. Según los testimonios recogidos durante y después del evento, el ataque comenzó de manera sorpresiva, cuando los manifestantes se encontraban en actitud pacífica. En palabras de algunos participantes, el gobierno habría orquestado una emboscada para desacreditar el movimiento y presentar los disturbios como provocados por los propios manifestantes.
Carlos T. Martínez, en una entrevista realizada poco después de los eventos, afirmó que lo ocurrido en Friusa no fue un accidente ni una reacción espontánea de la policía, sino una estrategia premeditada para desvirtuar la movilización. En su análisis, destacó que el gobierno habría buscado provocar un enfrentamiento para justificar una narrativa de violencia contra la Antigua Orden Dominicana.
El problema se agravó cuando algunos líderes de opinión e influenciadores sociales, como Santiago Matías (Alofoke) y Ramón Tolentino, se sumaron a la marcha sin coordinarse con los organizadores principales. Esto provocó que se adelantaran al grupo y, sin darse cuenta, cayeran en la supuesta trampa policial. Al percatarse del uso de la fuerza, algunos manifestantes devolvieron las bombas lacrimógenas hacia los agentes, lo que fue presentado por algunos medios como una agresión contra la autoridad, cuando en realidad se trataba de una reacción defensiva.
La Reacción del Gobierno: ¿Represión o Mantenimiento del Orden Público?
El gobierno, a través de la Policía Nacional, justificó el uso de la fuerza alegando que un grupo de infiltrados había provocado los disturbios y que la acción policial fue necesaria para restablecer el orden. Sin embargo, esta versión fue rápidamente puesta en duda al circular videos en redes sociales donde se muestra que el ataque inició sin provocación por parte de los manifestantes.
En un comunicado oficial, la policía indicó que algunos manifestantes encapuchados intentaron traspasar la línea acordada, lo que motivó la intervención. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y las contradicciones entre los informes oficiales y los testimonios presenciales han generado más sospechas sobre la verdadera intención de las fuerzas del orden.
El Impacto Social y Político: Una Llamada de Atención al Gobierno de Abinader
Estas protestas han desatado un profundo debate en la sociedad dominicana sobre el derecho a la manifestación pacífica y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Para muchos, lo ocurrido en Friusa simboliza el colapso de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en la gestión del presidente Luis Abinader.
El hecho de que el propio gobierno haya reaccionado de manera violenta contra una manifestación organizada por dominicanos ha sido visto como un error político grave, comparable a los episodios de represión vividos durante el régimen de Trujillo. Los críticos del gobierno han señalado que esta respuesta es un reflejo de la falta de empatía hacia el pueblo y de una estrategia errada para lidiar con el creciente descontento social.
La Batalla por la Verdad: Medios de Comunicación y Narrativa Oficial
En medio de la controversia, el papel de los medios ha sido cuestionado. Mientras algunos canales se alinearon con la versión oficial, otros, como el canal de YouTube Titico RD, han denunciado lo que consideran una manipulación mediática. Según estos medios independientes, el gobierno habría utilizado la fuerza para acallar el descontento y proteger intereses empresariales ligados al enclave extranjero en Friusa.
Además, el manejo de la información por parte de voceros oficiales ha generado dudas, especialmente cuando algunos representantes del gobierno afirmaron que la marcha nunca tuvo permiso oficial, a pesar de que la ley solo exige notificación, no autorización.
Reflexión Final: ¿Hacia Dónde Va la Democracia Dominicana?
El enfrentamiento en Friusa no solo refleja la tensión entre gobierno y pueblo, sino también la creciente polarización social que amenaza la estabilidad democrática del país. El uso de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a protestar pacíficamente plantea preguntas fundamentales sobre la legitimidad del gobierno y su capacidad para gestionar el descontento social sin recurrir a prácticas autoritarias.
Las próximas convocatorias de protesta, organizadas por la Antigua Orden Dominicana y otros sectores, podrían representar un punto de inflexión para el gobierno de Abinader. Lo que está en juego no es solo el derecho a protestar, sino la confianza del pueblo en un liderazgo que se percibe cada vez más distante y autoritario.
El pueblo dominicano, históricamente combativo y resistente ante la injusticia, está enviando un mensaje claro: no aceptarán que se pisoteen sus derechos, ni que el poder se utilice para silenciar su voz.