Santo Domingo, 2 de diciembre de 2024
El programa de distribución del Bono Navideño del gobierno dominicano se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones que apuntan a posibles irregularidades en su implementación. A través de una conversación pública, expertos y críticos han denunciado que la emisión de tarjetas para el bono podría estar costando millones al Estado, mientras la eficiencia y transparencia del programa son cuestionadas.
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El problema: Tarjetas sin nombres ni cédulas
El programa, que busca beneficiar a los sectores más vulnerables con un aporte de RD$1,500 para las festividades navideñas, ha sido criticado por la emisión de tarjetas anónimas, es decir, sin nombres ni cédulas que las asocien a los beneficiarios registrados en la base de datos oficial. Según José Manuel Mesa, contador público y analista, esta práctica “abre la puerta a la corrupción”.
“Hay una base de datos con 3 millones de beneficiarios identificados por nombre y cédula, pero las tarjetas emitidas no están asignadas a esas personas. Esto significa que cualquiera podría utilizarlas”, afirmó Mesa.
Costos exorbitantes por tarjetas temporales
El análisis también destacó que el costo de producción de cada tarjeta es de RD$700, lo que representa un gasto de RD$3,600 millones para la emisión de 5 millones de tarjetas. Este gasto ha sido calificado como innecesario por los críticos, quienes sugieren que el bono podría haberse depositado directamente en las cuentas existentes de los beneficiarios con la tarjeta Supérate, lo que habría eliminado el costo de producción de las tarjetas temporales.
“¿Por qué no usar las cuentas ya existentes en el Banco de Reservas para hacer los depósitos? Esto habría ahorrado al gobierno miles de millones en costos de emisión”, cuestionó Mesa.
El impacto de un “mapa de pobreza desmantelado”
Otra de las preocupaciones señaladas es la eliminación del “mapa de pobreza”, una herramienta implementada en gobiernos anteriores que identificaba de manera específica a los sectores más vulnerables. Según los analistas, la falta de este instrumento dificulta garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
“El mapa de pobreza fue desmantelado, y ahora no sabemos quiénes necesitan más esta asistencia. Se están distribuyendo millones de tarjetas y raciones alimenticias sin una base clara”, añadió Mesa.
Acusaciones de polinización y mala gestión
El debate también incluyó críticas sobre cómo el programa podría estar siendo utilizado con fines políticos, desviándose de su propósito original de ayuda social. Los analistas recalcaron que programas como este, sin transparencia ni supervisión adecuada, perpetúan la dependencia de los ciudadanos en lugar de promover su autosuficiencia.
“La dádiva no eleva a la ciudadanía, la hunde más en la dependencia. Este tipo de programas deben transformarse para que realmente impulsen a las personas a salir de la pobreza”, subrayaron.
¿Un negocio para el sector privado?
Otra acusación grave se centró en la asignación de la producción de las tarjetas a empresas privadas. Mesa sugirió que podría haber intereses económicos detrás de esta decisión, dado el alto costo involucrado. “Es necesario investigar qué empresas están produciendo estas tarjetas y cómo se seleccionaron para este contrato”, afirmó.
El panorama político
Estas revelaciones han generado un fuerte debate en la opinión pública. Mientras algunos defienden la iniciativa como una medida necesaria en tiempos de crisis, otros cuestionan la falta de planificación y la posible existencia de irregularidades.
El gobierno, por su parte, aún no ha emitido una declaración detallada en respuesta a estas acusaciones. Sin embargo, la creciente presión podría obligarlo a justificar el manejo de los recursos destinados al Bono Navideño y, potencialmente, a realizar ajustes en su ejecución.
Conclusión: Una oportunidad para la transparencia
El programa de Bono Navideño, aunque bien intencionado, ha quedado atrapado en una controversia que pone en tela de juicio la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de las políticas sociales en República Dominicana. Este caso podría ser una oportunidad para reformar los programas de asistencia social y garantizar que cada peso invertido realmente llegue a quienes más lo necesitan.