Por: Rolando Espinal para Foco Público
Hoy nuestra intervención saca a la luz una dura realidad pues; El sector empresarial dominicano insiste en que la cesantía debe seguir siendo un derecho, pero con límites que frenen su efecto expansivo sobre la informalidad, una lacra que ya afecta al 54.8 % de la población ocupada, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha puesto sobre la mesa del Congreso una propuesta con dos candados: un tope de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios mínimos del sector para calcular el beneficio.
“El sector privado no plantea modificar la cesantía, yo lo he reiterado, eso es casi un disco rayado”, insiste Celso Juan Marranzini, presidente del Conep. El gremio ha deslizado hasta diez variantes para abordar el tema sin tachar el artículo 80 del Código de Trabajo. En el documento que entregaron a los legisladores detallan que “este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho, con un doble tope aplicable”.
Los argumentos del Conep se apoyan en datos fríos. Según el Ministerio de Trabajo, apenas el 0.7 % de los trabajadores registrados en el SIRLA percibe ingresos superiores a los RD$250,000 mensuales. Con ese panorama, sostienen que el tope de diez salarios mínimos haría más previsibles los costos de despido en los estratos altos, sin castigar a la mayoría de los empleados dominicanos.
“Hay alternativas y esto se logra a través del diálogo. Pero que el término ‘infinito’ no exista; que haya algo previsible, que no sea una carga para las empresas que quieren seguir mejorando los salarios”, subraya Marranzini. Y advierte: centrar todo el debate en la cesantía puede desviar la atención de otros puntos igualmente urgentes. “Realmente el tema de la cesantía en particular resulta ser una bola de humo, porque no es el único tema del código. Hay muchos aspectos acordados en el diálogo tripartito que ni siquiera están reflejados ahí”.
El Conep también propone promediar los salarios devengados —en lugar de tomar el último sueldo— para que el cálculo sea más justo y evitar distorsiones. Plantean, además, acotar el concepto de “salario ordinario” para que no se cuelen incentivos, bonificaciones, gratificaciones o viáticos, que tantos conflictos han generado al momento de liquidar. En lo fiscal, sugieren crear una reserva deducible del Impuesto sobre la Renta, registrando su variación anual, y no cierran la puerta a explorar un seguro o fondo de desempleo como alternativa.
Lo que pocos mencionan, y es quizás la arista más perversa del esquema actual, es que la cesantía, tal como está, desincentiva los aumentos salariales. Si un trabajador mejora su sueldo, también engorda el pasivo que la empresa debe reservar para su futura liquidación. Eso lleva a muchas compañías a contener las subidas para no disparar ese costo. Pero el problema no termina ahí: también frena la creación de nuevos puestos, porque cada contrato indefinido es una promesa de pago que crece con los años. Y en las empresas medianas, el golpe es doble. Cuando deciden invertir en tecnología para ganar eficiencia y reducir mano de obra humana, el peso de las prestaciones acumuladas las obliga muchas veces a buscar préstamos bancarios solo para cumplir con la ley. Un círculo vicioso que termina castigando la modernización y la competitividad.
“Modificar la cesantía ayudará a reducir los niveles de informalidad, que alcanzan el 54 %”, coinciden Marranzini y Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom. El mensaje es claro: “buscamos un código que sea un mejor instrumento para generar empleos formales”. Y repiten que cualquier cambio solo regiría para contratos futuros, para no tocar los derechos ya adquiridos.
Sin embargo, en el Congreso la resistencia es férrea. En mayo de 2025, la comisión de senadores que estudia la reforma decidió dejar intacto el artículo 80, descartando de plano las sugerencias empresariales. El presidente de esa comisión, Rafael Barón Duluc, fue tajante: los senadores mantienen su criterio y quieren la cesantía tal como está.
“No entiendo por qué, fuera del consenso y haciéndole daño al diálogo, los empresarios siguen insistiendo en que debe eliminarse la cesantía. Eso no va a suceder; hay un compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de que no se va a tocar”, revira el sindicalista Jacobo Ramos.
Marranzini, lejos de dar tregua, llama a retomar la mesa. “Estamos dentro de una revolución tecnológica sin precedente. A veces en los debates se nos olvida, y también tenemos un cambio generacional importantísimo”, remata. “El mundo tiene los ojos puestos en la República Dominicana. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para hacer el mejor trabajo posible”.
Mientras el pulso político se enquista, la estadística sigue ahí, incómoda: el 54.8 % de los trabajadores dominicanos sobrevive al margen de la formalidad, sin cesantía, sin seguridad social y sin la protección que ambos bandos dicen defender.
