La mujer de 87 años falleció después de ser desalojada de la vivienda donde había vivido durante más de siete décadas. Su caso provocó protestas masivas y ahora amenaza con convertirse en uno de los símbolos de las elecciones españolas del 29 de noviembre.
España vuelve a las calles por la vivienda.
Pero esta vez, el detonante es la muerte de una mujer de 87 años cuyo desalojo había convertido una crisis inmobiliaria en una batalla política nacional.
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió después de permanecer hospitalizada tras ser desalojada el pasado 23 de septiembre del apartamento de Madrid donde había vivido durante más de 70 años.
Su muerte fue confirmada esta semana y provocó nuevas manifestaciones en Madrid y otras ciudades españolas. Reuters informó que Abascal había sido hospitalizada después del desalojo por un cuadro de ansiedad y agotamiento.
Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de su fallecimiento.
EL DESALOJO QUE CAMBIÓ LA CONVERSACIÓN POLÍTICA
Maricarmen vivía en un apartamento de Madrid desde hacía más de siete décadas.
El inmueble fue adquirido por un fondo de inversión, que posteriormente planteó un aumento de la renta que, según los reportes publicados, llegó al 230 %.
La pensionista no pudo asumir ese incremento y terminó enfrentándose al desalojo.
Las imágenes de su expulsión, una mujer de avanzada edad y con discapacidad siendo retirada de su vivienda mientras se desarrollaban protestas en el exterior, provocaron una reacción inmediata.
En cuestión de días, el caso dejó de ser solamente una disputa entre una inquilina y el propietario del inmueble.
Se convirtió en la imagen de un problema mucho más grande.
Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento de los alquileres y la dificultad de acceder a una vivienda asequible. En Madrid llegó a instalarse un campamento de protesta en la Puerta del Sol.
La vivienda pasó así a ocupar un lugar todavía más central en el debate político español.
LA CRISIS NO EMPEZÓ CON MARICARMEN
El caso de Abascal no creó la crisis de vivienda.
Lo que hizo fue ponerle un rostro.
España lleva años enfrentándose a un problema de oferta, precios elevados y dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades.
Reuters señaló que el país podría acumular un déficit de aproximadamente un millón de viviendas para 2028, mientras que los precios y alquileres han aumentado considerablemente durante los últimos años.
El problema afecta especialmente a los jóvenes.
El precio de una vivienda puede quedar fuera del alcance de quienes tienen empleos pero no cuentan con suficiente ahorro para afrontar una entrada hipotecaria o una renta elevada.
Al mismo tiempo, propietarios, promotores e inversores sostienen que aumentar la oferta de viviendas es fundamental para aliviar la presión sobre los precios.
Ese es precisamente uno de los grandes debates de la campaña:
¿España necesita principalmente construir más viviendas o intervenir con mayor fuerza sobre el mercado existente?
La respuesta divide a los partidos políticos.
SÁNCHEZ INTENTÓ RESPONDER CON DECRETOS
El Gobierno de Pedro Sánchez intentó responder a la presión social con medidas de emergencia relacionadas con los alquileres y los desalojos.
Entre las propuestas figuraban medidas de protección para determinados inquilinos vulnerables, restricciones sobre algunos tipos de alquiler y modificaciones destinadas a aumentar la protección de los arrendatarios.
Pero el Congreso rechazó los decretos.
El Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de las medidas presentadas por el Gobierno, aunque por razones diferentes.
El Partido Popular ha defendido que el problema debe abordarse principalmente aumentando la construcción de viviendas y flexibilizando determinadas reglas urbanísticas.
Desde la izquierda y las organizaciones de inquilinos se ha defendido una mayor intervención sobre los precios y una protección más fuerte frente a los desalojos.
El resultado fue una derrota parlamentaria para el Gobierno en un momento especialmente delicado.
Y entonces llegó otra decisión política.
SÁNCHEZ CONVOCA ELECCIONES
El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026.
La vivienda ya era uno de los grandes problemas del país.
Ahora se encuentra directamente en el centro de una campaña electoral.
Y la muerte de Maricarmen Abascal vuelve a colocar el problema en un terreno emocional.
Para el Gobierno, la vivienda puede convertirse en una prioridad política alrededor de la cual presentar nuevas propuestas.
Para la oposición, en cambio, el caso puede utilizarse para cuestionar la capacidad del Ejecutivo de resolver una crisis que lleva años creciendo.
Reuters informó que los partidos españoles ya intercambian acusaciones sobre quién tiene responsabilidad por el deterioro del acceso a la vivienda.
Eso significa que la historia de Maricarmen probablemente seguirá apareciendo en el debate electoral.
LA MUERTE PROVOCA NUEVAS PROTESTAS
Después de conocerse su fallecimiento, las protestas regresaron a las calles.
En Madrid, alrededor de 10.000 personas participaron en una movilización y aparecieron mensajes como “Todos somos Maricarmen”, según The Guardian.
Su nombre pasó a convertirse en una consigna.
Pero detrás de esa consigna existe una preocupación mucho más amplia:
¿puede una persona mayor vivir durante décadas en una vivienda y terminar perdiéndola porque el precio del alquiler se vuelve inalcanzable?
Esa pregunta conecta el caso de Maricarmen con miles de personas que enfrentan problemas de alquiler, desahucios o imposibilidad de acceder a una vivienda.
Y ahí está la fuerza política de su historia.
No representa solamente a una persona.
Para los movimientos de vivienda, representa un problema estructural.
LA HUELGA GENERAL AÑADE PRESIÓN
La movilización social tampoco se limita a las protestas por vivienda.
Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, en la que la vivienda, los salarios y el poder adquisitivo forman parte de las principales reivindicaciones.
La protesta ocurrirá apenas unas semanas antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Esto coloca al Gobierno y a los principales partidos frente a un escenario especialmente intenso.
Primero, las protestas por vivienda.
Después, el rechazo parlamentario de las medidas.
Luego, la convocatoria electoral.
Y ahora, la muerte de la mujer cuyo desalojo se convirtió en el símbolo de todo el movimiento.
LA VIVIENDA PUEDE DOMINAR LA CAMPAÑA
La gran incógnita es cuánto peso tendrá este asunto frente a los demás problemas que tradicionalmente dominan las elecciones españolas.
La inmigración, la economía, los servicios públicos, la corrupción, el modelo territorial y la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas también estarán sobre la mesa.
Pero la vivienda tiene una característica particular:
afecta directamente a la vida cotidiana de millones de personas.
No es una discusión abstracta.
Es el alquiler que aumenta.
La hipoteca que no se puede pagar.
El joven que no puede independizarse.
La familia que no consigue encontrar una vivienda adecuada.
Y, en el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que terminó abandonando el hogar donde había vivido durante más de 70 años.
DOS MODELOS FRENTE A FRENTE
La discusión política española comienza a organizarse alrededor de dos grandes enfoques.
Por un lado, quienes defienden una mayor intervención del Estado para limitar determinados incrementos de alquileres, proteger a inquilinos vulnerables y restringir determinadas operaciones especulativas.
Por otro, quienes sostienen que la solución pasa principalmente por construir muchas más viviendas, liberar suelo y acelerar los procesos urbanísticos.
El Partido Popular, por ejemplo, ha planteado aumentar significativamente la construcción anual y reducir obstáculos urbanísticos.
El Gobierno de Sánchez ha defendido medidas de protección y regulación del mercado.
Pero ninguno de los dos enfoques elimina automáticamente el problema.
Construir viviendas requiere tiempo.
Regular alquileres puede modificar los incentivos del mercado.
Aumentar la vivienda pública exige recursos y suelo.
Y proteger a los inquilinos sin aumentar la oferta puede generar nuevas tensiones.
Por eso la crisis de vivienda se ha convertido en uno de los debates económicos y sociales más complejos de España.
MARICARMEN YA NO ESTÁ, PERO SU CASO CONTINÚA
Quizá la dimensión más poderosa de esta historia sea precisamente esa.
Maricarmen Abascal ya no podrá regresar al hogar en el que pasó la mayor parte de su vida.
Pero su caso ha provocado una movilización que difícilmente desaparecerá de la noche a la mañana.
Su nombre está ahora vinculado a la discusión nacional sobre el derecho a la vivienda.
Y las elecciones del 29 de noviembre se celebrarán bajo esa sombra.
La pregunta para los españoles ya no será solamente quién gobernará.
También será qué modelo de vivienda quieren para el país.
¿Más construcción?
¿Más vivienda pública?
¿Mayor regulación de los alquileres?
¿Más protección frente a los desalojos?
¿O una combinación de varias de estas medidas?
La respuesta tendrá que pasar por las urnas.
Pero antes de eso, España tendrá que atravesar semanas de protestas, debates y propuestas en las que la vivienda promete ocupar un lugar central.
Porque el caso de Maricarmen Abascal transformó una crisis estadística en una historia humana.
Y ahora su muerte ha colocado esa historia directamente en el corazón de la campaña electoral española.
Una mujer de 87 años terminó convirtiéndose, sin buscarlo, en el rostro de una pregunta que España tendrá que responder: quién puede permitirse vivir en las ciudades del país y bajo qué condiciones.
