Por Rolando Espinal / Foco Público
Hay palabras que, en el discurso oficial, funcionan como eufemismos de la barbarie. “Código 29” es una de ellas. En la jerga policial dominicana, designa la ejecución extrajudicial de un presunto delincuente bajo el simulacro de un “intercambio de disparos”. No es una política de seguridad: es una práctica de exterminio que el propio presidente Luis Abinader ha legitimado al advertir a los señalados “que se entreguen; si no, les irá peor”. La pregunta que el poder elude es elemental: ¿por qué un Estado democrático recurre al homicidio como método de gestión del orden? La respuesta es incómoda: porque la delincuencia común, la organizada y los delitos no resueltos han desbordado su capacidad institucional, y matar se ha convertido en el atajo de una impotencia estructural.
El problema no es solo moral, aunque lo sea en su raíz. Es también estratégico. La evidencia comparada demuestra que la violencia letal estatal no reduce la criminalidad: la desplaza, la recrudece y la vuelve más opaca. La Policía Nacional lleva décadas matando y no ha resuelto el problema ni lo resolverá. Lo que sí ha producido es un cementerio de jóvenes pobres, 172 en lo que va de año según organizaciones barriales, y una impunidad que se muerde la cola: 157,562 casos judicializados en cinco años, de los cuales 7,825 terminaron en extinción de la acción penal. La justicia no llega, y cuando llega, prescriben los expedientes. La delincuencia organizada, mientras tanto, se nutre de ese vacío.
El contraste con los modelos exitosos es instructivo. Singapur ha mantenido índices de criminalidad bajos no por la brutalidad policial, sino por una combinación de tolerancia cero selectiva, policía de proximidad, prevención social temprana y una red tecnológica de vigilancia que disuade sin necesidad de ejecuciones. Copenhague ha convertido el diseño urbano en prevención: iluminación, espacios públicos visibles, cohesión social y reducción de la desigualdad como política de seguridad. Pernambuco, en Brasil, redujo la violencia letal de manera sostenida entre 2007 y 2013 mediante un modelo de disuasión focalizada, gobernanza y uso efectivo de registros policiales. Ninguno de estos modelos es perfecto, pero todos comparten un principio: la seguridad se construye con instituciones, no con cadáveres.
Los fracasos, en cambio, tienen un aire de familia. México apostó por la militarización y cosechó más violencia y más impunidad. El Salvador de Bukele ha reducido homicidios a un costo que la región empieza a medir en derechos humanos y en cárceles hacinadas. Y la República Dominicana, nuestro tercer caso de fracaso, lleva seis años sin una política de seguridad coherente: planes relanzados sin evaluación, contratos de asesoría por la vía de excepción, una reforma policial que legisladores de todos los partidos califican de fracaso. El Gobierno vendió la reforma como una panacea, pero la criminalidad sigue por los cielos.
De no hacer nada, la inercia nos conduce a un país donde la seguridad será un privilegio de quienes puedan pagarla, y donde la violencia estatal se convertirá en la única respuesta visible a una criminalidad que se reorganiza más rápido de lo que el Estado aprende. La delincuencia común seguirá alimentándose del abandono de los barrios; la organizada, de la corrupción y de los vacíos institucionales; y los delitos no resueltos, de un sistema judicial que confunde la mora con la justicia.
La solución no puede ser un decreto ni un plan sexenal. La inercia de décadas no se mueve en cuatro años. Por eso propongo una estrategia institucional de tres etapas en diez años. La primera, de contención y legitimidad (años 1-3): desmontar el código 29 mediante protocolos vinculantes, fiscalía especializada en ejecuciones policiales y una reforma de la Ley de Policía que subordine el uso de la fuerza al Ministerio Público. La segunda, de construcción institucional (años 4-7): que el Ministerio de Justicia —ya aprobado en el Senado— pueda separar la persecución penal de la administración penitenciaria, fortalecer la carrera fiscal y judicial, e implementar un sistema de información criminal que permita medir la cifra negra y evaluar políticas con evidencia. La tercera, de consolidación y prevención (años 8-10): integrar seguridad con desarrollo urbano, educación y empleo juvenil, siguiendo el principio del PNUD de que la seguridad de nueva generación es un cambio transformacional que une protección con oportunidades.
No hay atajos. La seguridad es una deuda civilizatoria que se paga con instituciones, no con balas. El código 29 es la confesión de una derrota. Reconocerla es el primer paso para superarla.
