El Ejecutivo español afronta una votación decisiva en el Congreso mientras la crisis habitacional provoca protestas en varias ciudades. Podemos anunció su apoyo a los dos decretos, el PNV respaldará solo uno y Junts mantiene la llave de la votación.
Pedro Sánchez enfrenta uno de los momentos parlamentarios más delicados de la actual legislatura.
El Gobierno español llevará al Congreso dos decretos destinados a responder a la crisis de vivienda, en medio de una creciente movilización social y de unas negociaciones parlamentarias en las que cada voto puede resultar determinante.
La situación ha cambiado rápidamente en las últimas horas.
Podemos confirmó este jueves que votará a favor de los dos decretos, pese a considerar insuficientes algunas de las medidas. El PNV, por su parte, anunció que respaldará el primer decreto, pero rechazará el segundo, relacionado con la renovación automática de determinados contratos de alquiler.
Eso deja buena parte de la incertidumbre concentrada ahora en Junts, cuyos siete diputados pueden resultar decisivos para la aprobación del principal decreto.
Una votación marcada por la crisis de vivienda
La batalla parlamentaria se produce después de varios días de protestas y acampadas en Madrid y otras ciudades españolas.
El detonante político y social ha sido el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desalojo de una vivienda en Madrid se convirtió en símbolo de las dificultades que enfrentan determinados sectores de la población para acceder o conservar una vivienda.
Su caso provocó movilizaciones y una presión creciente sobre el Gobierno y los partidos que podrían apoyar sus iniciativas.
La acampada de la Puerta del Sol se convirtió en uno de los principales focos de esas protestas, mientras el Sindicato de Inquilinas ha convocado nuevas movilizaciones en distintas ciudades españolas.
El problema, sin embargo, es mucho más amplio que un solo desahucio.
La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos sociales y económicos centrales de España, especialmente por el aumento de los alquileres, la dificultad de acceso para determinados hogares y la escasez de oferta en algunas zonas.
¿Qué contienen los decretos?
El Gobierno decidió dividir las medidas en dos reales decretos.
El primero contempla la extensión hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a desahucios para personas vulnerables, además de mecanismos dirigidos a propietarios afectados por estas situaciones y otras medidas relacionadas con el mercado inmobiliario.
El segundo aborda la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler, con el objetivo de ampliar la protección de los inquilinos ante la situación del mercado.
La división de las medidas ha provocado, precisamente, parte de la disputa parlamentaria.
Podemos había reclamado inicialmente que todas las medidas fueran incluidas en un único decreto y criticó al Gobierno por separar los textos.
Finalmente, este jueves anunció que respaldará ambos.
La formación justificó su decisión después de reunirse con representantes del Sindicato de Inquilinas y argumentó que sus votos no debían convertirse en un obstáculo para la aprobación de las medidas.
El PNV introduce otra complicación
El anuncio del PNV modifica nuevamente el cálculo parlamentario.
Los nacionalistas vascos han confirmado que respaldarán el primer decreto, pero rechazarán el segundo.
Su posición está relacionada con las diferencias que mantienen sobre determinadas medidas de regulación de los contratos y su impacto sobre los propietarios.
Esto significa que el Gobierno no puede dar por descontada la aprobación de todo el paquete.
Y aquí aparece Junts.
Junts tiene la llave
El partido independentista catalán mantiene todavía abierta su posición.
Junts cuenta con siete diputados y durante los últimos días ha evitado comprometer públicamente su voto.
La formación ha reclamado conocer el texto definitivo antes de fijar su posición y ha dejado al Gobierno una advertencia significativa: que mire el marcador durante la votación.
La aritmética parlamentaria explica la importancia de esos siete escaños.
El Gobierno y sus aliados no disponen de una mayoría estable que permita aprobar automáticamente cada iniciativa.
La antigua mayoría de investidura se ha vuelto mucho más difícil de coordinar, y Junts se ha convertido en uno de los actores capaces de inclinar determinadas votaciones.
Por eso, la negociación sobre vivienda se ha transformado también en una negociación política.
PP y Vox se oponen
Mientras el Gobierno busca apoyos entre sus socios parlamentarios, PP y Vox mantienen su rechazo a los decretos.
Según el recuento realizado por El País, ambos partidos y UPN, junto con Javier Ortega Smith, suman 171 votos contrarios de partida.
El Partido Popular cuestiona el modelo de regulación de vivienda planteado por el Ejecutivo y ha criticado que el Gobierno no haya buscado un acuerdo más amplio.
Eso obliga al PSOE y a Sumar a concentrar sus esfuerzos en las formaciones que respaldaron o facilitaron la investidura de Sánchez.
El problema es que esa mayoría ya no funciona como un bloque uniforme.
Una legislatura basada en negociaciones permanentes
La crisis de vivienda vuelve a mostrar una de las características principales de la actual política española: el Gobierno depende de acuerdos variables para sacar adelante sus principales iniciativas.
El PSOE y Sumar tienen que negociar con fuerzas de perfiles muy diferentes.
ERC, EH Bildu, BNG, PNV, Podemos, Junts y otras formaciones pueden coincidir en determinadas cuestiones, pero sus prioridades no son necesariamente las mismas.
En el caso de la vivienda, las diferencias van desde la protección frente a los desahucios hasta la regulación de los alquileres, la vivienda turística y las medidas dirigidas a grandes propietarios.
El resultado es una negociación especialmente compleja.
La vivienda se convierte en un problema político nacional
La importancia de esta votación va más allá de los dos decretos.
Las protestas han colocado la vivienda en el centro de la conversación política española.
Durante años, el debate se había concentrado en cuestiones como el empleo, la inflación, la inmigración, la fiscalidad o la política territorial.
Ahora, el acceso a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de una parte de la población.
La movilización de los últimos días recuerda, además, algunos elementos de las protestas sociales que marcaron España durante el movimiento 15-M, aunque el contexto político actual es diferente.
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado nuevas movilizaciones y protestas en diferentes ciudades, mientras la acampada de la Puerta del Sol continúa funcionando como símbolo de la presión social.
Sánchez intenta convertir una crisis social en una respuesta legislativa
El Gobierno considera que los decretos permiten responder de manera inmediata a situaciones de vulnerabilidad habitacional.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que las nuevas medidas buscan impedir nuevos desahucios de personas vulnerables y ampliar la protección de determinados inquilinos.
Pero las críticas proceden tanto de la derecha como de sectores de la izquierda.
El Partido Popular y Vox cuestionan el enfoque regulatorio del Ejecutivo.
Podemos, Sumar y otras fuerzas de izquierda consideran que algunas de las medidas son insuficientes y han reclamado actuaciones más profundas contra la especulación inmobiliaria.
El Gobierno se encuentra, por tanto, entre dos presiones diferentes.
Por un lado, quienes consideran que está interviniendo demasiado en el mercado.
Por otro, quienes creen que las medidas no llegan suficientemente lejos.
Tres escenarios después de la votación
1. Los decretos son aprobados
Una aprobación permitiría al Gobierno presentar el resultado como una respuesta institucional a la presión social provocada por la crisis habitacional.
También demostraría que Sánchez todavía puede construir mayorías parlamentarias a pesar de las dificultades de la legislatura.
Sin embargo, la negociación con sus socios continuaría.
2. Uno de los decretos es rechazado
Este escenario permitiría al Gobierno aprobar una parte de su respuesta, pero evidenciaría nuevamente la fragilidad de su mayoría parlamentaria.
El segundo decreto, especialmente, enfrenta mayores dificultades debido al rechazo anunciado por el PNV y las dudas que todavía existen entre otras formaciones.
3. Los dos decretos fracasan
Una derrota completa tendría un impacto político mayor.
La oposición podría utilizarla para cuestionar la capacidad del Ejecutivo para gobernar sin una mayoría parlamentaria estable.
Al mismo tiempo, las organizaciones sociales podrían interpretar el resultado como un fracaso de la respuesta institucional ante la crisis de vivienda.
En ese escenario, es previsible que la presión política y social sobre el Gobierno continúe.
El problema que seguirá después de la votación
Incluso si los decretos son aprobados, la crisis de vivienda no desaparecerá.
La aprobación de medidas de emergencia puede proteger a determinados hogares, pero no resuelve automáticamente problemas estructurales como la escasez de vivienda, el crecimiento de los alquileres en determinadas ciudades, la dificultad de acceso para los jóvenes o las diferencias entre oferta y demanda.
Por eso, la votación puede solucionar una parte inmediata del problema, pero no necesariamente la raíz de la crisis.
Y ese será probablemente el siguiente debate.
Una votación que mide algo más que una ley
La batalla parlamentaria por los decretos de vivienda se ha convertido en un test de la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para construir mayorías en una legislatura cada vez más fragmentada.
Pero también es una prueba para los partidos que sostienen o condicionan al Ejecutivo.
Podemos ya ha decidido votar a favor. El PNV ha dividido su apoyo entre los dos decretos. Y Junts mantiene abierta la decisión.
Mientras tanto, las protestas continúan y la vivienda ha pasado definitivamente al centro de la agenda política española.
La votación responderá una pregunta inmediata: ¿puede Sánchez reunir los votos necesarios para aprobar sus medidas?
Pero existe otra pregunta más profunda:
¿Puede el Gobierno convertir una crisis de vivienda que lleva años acumulándose en una política capaz de producir resultados duraderos?
La respuesta a la primera llegará en el Congreso.
La segunda seguirá abierta mucho después de la votación.
