Santo Domingo, República Dominicana. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, fue formalmente emplazado para comparecer este martes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en el marco de un proceso de ejecución de sentencias laborales definitivas que, según los reclamantes, continúan sin ser cumplidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La información fue ofrecida por el abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos, quien actúa en representación de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero, beneficiarios de decisiones judiciales emitidas por el TSA.
De acuerdo con Batia, el MOPC ha incumplido sentencias definitivas que ya adquirieron autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, situación que ha motivado la adopción de nuevas acciones legales para procurar su ejecución.
“Mediante el Acto No. 229-26 de Notificación de Auto y Emplazamiento, se procedió a citar y emplazar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como a la Procuraduría General Administrativa (PGA), para comparecer a la audiencia correspondiente derivada del proceso de ejecución de las referidas decisiones judiciales”, explicó el jurista.
Las notificaciones fueron realizadas por alguaciles competentes y entregadas en las dependencias del MOPC y de las demás entidades involucradas, conforme a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana para la ejecución de sentencias administrativas definitivas.
Reclaman cumplimiento de decisiones judiciales
Los demandantes sostienen que las medidas emprendidas tienen como propósito garantizar el cumplimiento efectivo de decisiones judiciales firmes, en apego a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y respeto al Estado de derecho.
Asimismo, argumentan que la comparecencia judicial busca asegurar la materialización de derechos previamente reconocidos por los tribunales y la ejecución de sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo que, según afirman, permanecen pendientes de cumplimiento por parte de las autoridades competentes.
Embargos contra cuentas del MOPC
Como parte de las acciones legales desarrolladas para hacer efectivas las decisiones judiciales, también se han ejecutado procedimientos de embargo retentivo y oposición a la entrega de valores contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Entre las actuaciones figura el Acto No. 266-26, levantado el 29 de junio de 2026, mediante el cual Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez formalizó una oposición a la entrega de valores en perjuicio del MOPC ante el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), en ejecución de la Sentencia Definitiva No. 0030-02-2025-SSEN-00702, dictada el 6 de noviembre de 2025 por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
De igual forma, mediante el Acto No. 265-26, de fecha 29 de junio de 2026, Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero notificó un embargo retentivo y oposición a entrega de valores sustentado en la Sentencia Definitiva No. 0030-1643-2025-SSEN-00799, emitida el 21 de noviembre de 2025 por la Quinta Sala del TSA.
Según los representantes legales de los reclamantes, las cuentas del Ministerio de Obras Públicas han sido objeto de embargos en varias ocasiones debido al incumplimiento de las sentencias, sin que hasta la fecha se haya producido el pago de las indemnizaciones y derechos reconocidos por los tribunales.
El abogado Oliver Batia reiteró que las medidas adoptadas persiguen exclusivamente la ejecución de decisiones judiciales definitivas y el respeto de los principios fundamentales que garantizan la seguridad jurídica y la efectividad de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del país.
La audiencia derivada de este proceso de ejecución está prevista para celebrarse este martes ante el Tribunal Superior Administrativo, donde las partes deberán exponer sus argumentos respecto al cumplimiento de las sentencias en cuestión.
