Por: Delio Medina
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha anunciado una investigación formal contra varios comunicadores dominicanos —incluyendo a Ángel Martínez, Claudia Pérez (“La Tora”), Kapulett, José Maracallo y Fernando Peña— por supuestamente formar parte de una “industria del descrédito” mediático. La acusación incluye los cargos de difamación, injuria y chantaje digital. Pero en el fondo, esta movida judicial no parece ser un acto de justicia, sino una peligrosa maniobra para silenciar voces incómodas que escapan al control del poder.
¿Lucha contra el chantaje o represión del periodismo alternativo?
La Fiscalía justifica su ofensiva con una narrativa aparentemente noble: defender la confianza ciudadana, proteger el debate público y combatir el uso indebido de las plataformas digitales. Pero ese discurso colapsa cuando uno se hace la pregunta clave: ¿Quién decide qué es “difamación” y qué es periodismo crítico?
La línea entre una denuncia mordaz y un acto de injuria es extremadamente fina, sobre todo en un país donde el poder político y judicial a menudo van de la mano. ¿No es este el mismo Estado que ha sido incapaz de procesar con contundencia la corrupción institucional, los abusos policiales o los vínculos de figuras del poder con el crimen organizado? Sin embargo, ahora sí encuentra tiempo, recursos y energía para perseguir y judicializar a youtubers, tuiteros y comunicadores digitales que le resultan incómodos.
¿Quién incomoda a quién?
No es casualidad que los nombres que aparecen en esta lista sean voces altamente críticas del sistema, de partidos tradicionales, y de ciertos grupos económicos y judiciales. Tampoco es coincidencia que operen desde medios no convencionales, sin respaldo corporativo ni alineación con intereses empresariales. En muchos casos, son voces populares, seguidas por decenas o cientos de miles de personas, que han llenado el vacío dejado por un periodismo tradicional demasiado temeroso o comprometido con el status quo.
¿Es perfecto su estilo? No.
¿Cometen excesos? Posiblemente.
¿Eso justifica una cacería legal promovida desde el Estado? Absolutamente no.
Lo que está ocurriendo es preocupante porque institucionaliza un mensaje claro: si te pasas de la raya, si incomodas demasiado, si denuncias sin pedir permiso, te metemos la justicia por la cabeza.
Ángel Martínez y las demandas como arma política
Tomemos el caso de Ángel Martínez. Se dice que enfrenta al menos cinco demandas por difamación e injuria. Pero ¿desde cuándo una demanda implica culpabilidad? Si fuéramos a medir la credibilidad por cantidad de procesos legales enfrentados, muchos periodistas valientes del pasado —y del presente— habrían sido silenciados antes de poder contar verdades incómodas.
La historia está llena de ejemplos donde el poder ha usado la ley para callar, no para impartir justicia. Y aquí parece estarse repitiendo el patrón: convertir los tribunales en herramientas de intimidación, y a la fiscalía en la garrote judicial del sistema.
La libertad de expresión no es un premio que otorga el Estado
El punto más delicado es que este tipo de acciones erosionan la libertad de expresión. Aunque la fiscal asegura que “no se trata de censura”, en la práctica se instala un clima de miedo, autocensura y persecución selectiva. Comunicadores independientes empiezan a preguntarse: ¿vale la pena denunciar? ¿Me va a costar una demanda decir lo que pienso?
Y eso es precisamente lo que buscan: disciplinar el discurso público, empujarnos a una obediencia tácita bajo amenaza judicial. Hoy son Ángel Martínez y La Tora. Mañana puede ser cualquier usuario que suba un video crítico a TikTok, o un ciudadano que hable con vehemencia en un espacio digital.
No se trata de defender el sensacionalismo, sino la democracia
Este artículo no pretende glorificar a ningún comunicador específico. Algunos de ellos han cruzado líneas éticas, sin duda. Pero si el Estado quiere combatir el sensacionalismo, el chantaje o la calumnia, que lo haga con pruebas, con transparencia y con mecanismos independientes, no con expedientes armados al calor del escándalo y con criterios que parecen más políticos que jurídicos.
Porque si se instala el precedente de que la crítica fuerte se castiga, de que la denuncia sin “autorización oficial” se convierte en injuria penalizada, entonces ya no estamos en una democracia informativa, sino en un Estado que controla la narrativa por la vía legal.
El verdadero descrédito es institucional
La Fiscalía dice que hay una “industria del descrédito”. Tal vez la hay, pero el verdadero descrédito lo han provocado las instituciones que callan cuando deben hablar, que actúan selectivamente, y que ahora buscan controlar el debate público bajo la excusa de protegerlo.
La pregunta final es incómoda, pero necesaria:
¿Está la Fiscalía protegiendo a la ciudadanía… o protegiéndose a sí misma de la crítica?
La democracia no se defiende con censura.
Se defiende con libertad, pluralidad y coraje.