Por: Rolando Espinal, CEO de Heaven Deli & Market
¿Qué está pasando?
En la República Dominicana se libra una batalla silenciosa que tiene como campo de batalla cada estación de combustible y como rehén al consumidor. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), que agrupa a 780 de las 1,038 estaciones del país, denuncia que las comisiones bancarias por pagos con tarjeta de crédito y débito están devorando su ya de por sí ajustado margen de ganancia.
Las cifras son contundentes: las comisiones oscilan entre un 1.95% y un 2.50% por cada transacción, aunque en algunos casos llegan hasta un 3%. Para ponerlo en perspectiva, de un margen bruto regulado de aproximadamente RD27.07 por galón de gasolina, las estaciones destinan entre RD8.45 al pago de estas comisiones. Esto significa que entre el 25% y el 36% del margen bruto se va directamente a los bolsillos de los procesadores de tarjetas y la banca múltiple.
¿Por qué ocurre esto?
La raíz del problema es estructural. Mientras el margen de comercialización de las gasolineras está regulado por el Estado a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), las comisiones bancarias son libres y no están reguladas. Esto crea una asimetría perversa: cada vez que el precio internacional del crudo sube y el gobierno autoriza un aumento en el precio de venta al público, la comisión porcentual de la banca sube automáticamente, pero el margen fijo del detallista se reduce en términos reales.
Como explicó Juan Elías Pérez, presidente de Anadegas: “Cada vez que sube el precio de los combustibles la banca dominicana sale ganando en perjuicio de nosotros porque cada día se reduce nuestra rentabilidad”. Es un sistema donde el riesgo lo asume el eslabón más débil de la cadena mientras las ganancias se concentran en el más fuerte.
¿Cómo funciona y desde cuándo?
El sistema de pagos con tarjeta en las gasolineras dominicanas se realiza a través de terminales de punto de venta (conocidas popularmente como verifones). Estas terminales son propiedad de empresas como Carnet, Visanet y Azul, que a su vez están vinculadas a la banca múltiple. El conflicto no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos dos años debido al incremento sostenido de los precios de los combustibles.
Anadegas ha advertido que, de no encontrarse una solución, procederá a desconectar los verifones de las 780 estaciones afiliadas a partir del 25 de septiembre de 2026. La amenaza no es menor: el 65% de las ventas del sector se realizan con tarjeta, y en zonas urbanas esa cifra alcanza entre el 80% y el 90%. Una desconexión masiva paralizaría la principal forma de pago en un sector estratégico para la economía nacional.
¿Dónde nos pone esto a los consumidores?
En el centro del fuego cruzado. Si las estaciones cumplen su amenaza y dejan de aceptar tarjetas, millones de dominicanos que dependen del plástico para pagar su combustible se verán obligados a portar efectivo, con los riesgos de seguridad que ello implica. Si, por el contrario, el gobierno cede a la presión y autoriza un aumento en el margen del detallista para compensar las comisiones, será el consumidor quien pague la factura a través de precios más altos en el surtidor.
Es una situación donde todos pierden, excepto los bancos y los procesadores de tarjetas.
¿Quiénes son los ganadores?
Los ganadores de esta ecuación son claramente identificables: los procesadores de tarjetas de crédito y débito (Carnet, Visanet, Azul) y los bancos múltiples. Según cálculos de Anadegas, la banca dominicana recauda aproximadamente RD5,000 y RD$6,000 millones anuales.
Estos actores disfrutan de una posición de “tómalo o déjalo”: si ceden ante las gasolineras y aceptan reducir sus comisiones, se crearía un precedente que inevitablemente arrastraría a ferreteros, restaurantes, supermercados y colmados a exigir el mismo trato. Por eso la banca se aferra a un esquema que, como bien señala el gremio, es “ciego, sordo y mudo” ante la realidad operativa de los detallistas.
La solución: dos caminos posibles
Existen dos vías para resolver esta injusticia. La primera, y más justa para un sector regulado como el de los combustibles, es establecer una tarifa fija por galón vendido en lugar de una comisión porcentual. Anadegas ha propuesto 30 centavos por galón pagado electrónicamente. Esto eliminaría la distorsión que hace que los bancos ganen más simplemente porque el petróleo sube, sin aportar ningún valor adicional al servicio.
La segunda opción, la que rige en Estados Unidos, es desregular el precio de venta al público y permitir que cada estación fije libremente su precio, como ocurre en una estación dentro de un aeropuerto internacional, que puede estar hasta un dólar más cara que la competencia a menos de una milla. En el mercado estadounidense, el comerciante traslada el costo del interchange fee al precio final, y el consumidor decide si paga o busca una opción más barata.
En un país donde el precio de los combustibles sigue siendo una decisión política, la solución más razonable y equitativa es la tarifa fija. Es hora de que la Superintendencia de Bancos y el MICM actúen con decisión y pongan un límite a un abuso que ya tiene nombre y apellido. Ya está bueno.
