Por: Rolando Espinal
En exclusiva para Foco Público
Una amiga que trabaja en la DGII me confesó una vez, entre café y café, que su trabajo más tedioso no era perseguir evasores, sino revisar declaraciones de grandes empresas donde las pérdidas se repetían como un disco rayado. “Once años seguidos”, me dijo, y ahí siguen, operando con pérdidas, pero con flotas de camionetas blindadas y oficinas en la Naco. Eso no es contabilidad, es un acto de fe.
Esa fe, esa ficción, es la que la nueva reforma fiscal ha decidido consagrar. El aumento del 3% en el ISR para empresas que facturan más de mil millones de pesos no es más que una cortina de humo. Se vende como un castigo a los grandes capitales, pero en la práctica solo aumentará la carga de quienes ya pagan. Los que llevan una década declarando pérdidas—y son la mayoría de los que superan ese umbral—seguirán su danza. Este 3% no lo pagará nadie porque, para la ley, no hay ganancia sobre la cual cobrarlo.
Para entender la magnitud del engaño, hay que viajar al pasado, a la Ley 253-12. Promulgada en 2012, fue presentada con el mismo discurso de “justicia tributaria” que escuchamos hoy. Pero la historia fiscal dominicana es tozuda. Esa reforma no saneó las finanzas; se convirtió en un salvavidas para un gasto electoral descontrolado. El resultado fue un ensanchamiento de la deuda pública que, entre 2012 y 2020, creció en un 217%, pasando de 25,708 millones de dólares a 73,262 millones en 2024. No hubo justicia, hubo un cheque en blanco firmado por el Congreso. La reforma de 2026 camina por el mismo sendero: aparenta solvencia mientras protege la evasión estructural.
El meollo no es el tipo impositivo, sino la base imponible. Los técnicos de Hacienda lo saben. La DGII lo intuye. Y los legisladores, con su pluma veloz, lo ignoran. No han pedido un censo actualizado de la riqueza real, no han cuestionado el historial de declaraciones juradas. Han preferido la ficción de un aumento antes que la incomodidad de perseguir la evasión real. En la Antigua Roma, Cicerón advertía que el Senado debía proteger la república de sus propios excesos legislativos. Hoy, el Congreso dominicano hace lo contrario: con su bendición, prolonga la fiesta de la impunidad. El mensaje transversal de esta reforma es la confirmación de una cultura donde la evasión es premiada y la declaración de pérdidas, una estrategia de sobrevivencia fiscal. Los que sí pagan, los que sí declaran ganancias, serán los únicos que sientan este incremento. Los demás, los que han perfeccionado el arte de las pérdidas perpetuas, seguirán bailando al son de la ingeniería contable.
¿Cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no haya alertado sobre esta contradicción? La respuesta está en la miopía selectiva de la DGII: persigue al pequeño contribuyente, al comerciante informal, pero ante las grandes corporaciones, la mano tiembla. Esa misma miopía ha premiado el cortoplacismo en el asfalto y el cemento; aquí, en el terreno fiscal, premia la elusión. La evasión fiscal en el país genera pérdidas de entre el 4% y el 6% del PIB anual. La presión tributaria apenas alcanza el 15.7%, una de las más bajas de la región. Y sin embargo, la reforma se enfoca en aumentar un impuesto que muchos no pagan, en lugar de atacar la raíz del problema. Es como subir el precio de un producto que nadie compra: la ilusión de un ingreso que jamás llegará.
La historia fiscal de la República Dominicana es la historia de una oportunidad perdida tras otra. La Ley 30-26—como la bautizan algunos con ironía—no es un acto de justicia, sino un acto de fe en la recaudación futura. Una fe que ignora los datos duros, que prefiere el discurso a la acción, y que, una vez más, escribe un cheque al portador que el presupuesto nacional, débil y exhausto, jamás podrá cobrar.
Rolando Espinal
En exclusiva para Foro Público