República Dominicana alcanzó la categoría Nivel 2 en 2025 y la mantuvo en el informe estadounidense de 2026. Aunque Washington reconoce avances legislativos y una mayor atención a las víctimas, advierte que persisten deficiencias en las investigaciones sobre trabajo forzoso y en la protección de personas vulnerables.
SANTO DOMINGO.— Una diferencia entre el anuncio del Gobierno dominicano y la clasificación publicada por Estados Unidos ha generado cuestionamientos sobre la comunicación oficial de los resultados del informe anual sobre trata de personas.
El jueves 8 de octubre, el Gobierno dominicano informó que el país había ascendido al Nivel 2 en el más reciente reporte del Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, la revisión de las ediciones de 2025 y 2026 muestra que República Dominicana ya había alcanzado esa categoría el año pasado y que el informe más reciente la mantiene, sin registrar un nuevo ascenso.
La información fue destacada por Diario Libre, que explicó que el país pasó al Nivel 2 en 2025, después de haber permanecido durante varios años en la Lista de Vigilancia del Nivel 2. El documento de 2026 conserva esa clasificación. <Link url=”https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2026/10/08/republica-dominicana-y-la-trata-de-personas-en-informe/3682481” title=”Consultar el informe publicado por Diario Libre”/>.
La diferencia es importante porque una mejora de categoría supone un cambio en la evaluación internacional, mientras que mantener el mismo nivel significa que el país conserva su posición, aunque pueda haber registrado avances o retrocesos en indicadores específicos.
La información disponible no permite establecer si la declaración gubernamental se debió a una confusión entre las ediciones del informe o a un error de comunicación. Lo que sí puede comprobarse es que el ascenso ocurrió en 2025 y no constituye una nueva reclasificación en 2026.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN EL NIVEL 2?
El informe sobre trata de personas, conocido internacionalmente como Trafficking in Persons Report, es elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y evalúa los esfuerzos de los gobiernos para prevenir y combatir este delito, perseguir a los responsables y proteger a las víctimas.
El Nivel 2 corresponde a países que no cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos para eliminar la trata de personas, pero que realizan esfuerzos significativos para avanzar hacia su cumplimiento.
Por tanto, esta categoría no equivale a una certificación de que el problema está resuelto. Tampoco significa que todos los esfuerzos del país hayan fracasado. Se trata de una evaluación que toma en cuenta tanto los avances como las deficiencias identificadas durante el período analizado.
En 2025, Estados Unidos reconoció un aumento general de los esfuerzos dominicanos frente al período anterior y, por esa razón, elevó al país desde la Lista de Vigilancia del Nivel 2 hasta el Nivel 2. En 2026, el organismo consideró que República Dominicana debía permanecer en esa categoría. <Link url=”https://www.ecoi.net/en/document/2130562.html” title=”Consultar el informe estadounidense de 2025 sobre República Dominicana”/>.
EL GOBIERNO DESTACA AVANCES, PERO EL INFORME TAMBIÉN SEÑALA DEFICIENCIAS
La comunicación oficial dominicana resaltó distintas medidas adoptadas para enfrentar la trata de personas, entre ellas la reforma de la Ley 137-03, el fortalecimiento del Plan Nacional de Acción 2025-2028, las inspecciones laborales y el registro de trabajadores migrantes mediante contratos.
El Gobierno también destacó las investigaciones y los procesos judiciales contra presuntos responsables, incluidos funcionarios, así como los esfuerzos para proporcionar asistencia médica, psicológica y legal a las víctimas.
Según la Presidencia, durante el período informado se realizaron 1,050 inspecciones laborales en sectores vulnerables y se suspendieron las actividades de 11 empresas tras detectarse indicios de trabajo forzoso. Además, el programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales. <Link url=”https://www.presidencia.gob.do/noticias/gobierno-dominicano-avanza-e-intensifica-acciones-contra-la-trata-de-personas-y-asciende” title=”Leer el comunicado oficial del Gobierno”/>.
No obstante, el informe estadounidense advierte que las medidas adoptadas todavía no son suficientes para garantizar una respuesta integral. Entre sus principales preocupaciones figuran las deficiencias en la investigación de la explotación laboral, la identificación de víctimas y la disponibilidad de servicios especializados para determinados grupos vulnerables.
En otras palabras, el documento reconoce esfuerzos concretos, pero también indica que persisten problemas que impiden considerar plenamente cumplidos los estándares mínimos.
LAS INVESTIGACIONES BAJARON DE 229 A 94 CASOS
Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción del número de investigaciones por presuntos casos de trata de personas.
Según las cifras recogidas por Diario Libre, las autoridades dominicanas reportaron 94 investigaciones durante 2025, frente a 229 en 2024. La cifra incluye 85 casos relacionados con trata sexual, ocho con trabajo forzoso y uno en el que no se especificó la modalidad.
La reducción representa 135 investigaciones menos que el año anterior.
El informe advierte que esta disminución se produjo en un contexto en el que las autoridades continuaron concentrando buena parte de sus recursos en la trata sexual, especialmente en zonas urbanas, mientras la investigación del trabajo forzoso en áreas rurales y sectores como la agricultura y la construcción siguió siendo insuficiente.
La cifra, por sí sola, no demuestra que la incidencia real del delito haya aumentado o disminuido. Para interpretar correctamente esa variación, también sería necesario conocer los cambios en los mecanismos de detección, las denuncias recibidas, la capacidad de investigación y los criterios utilizados para registrar los casos.
Sin embargo, el Departamento de Estado identifica la caída de las investigaciones como una señal que merece atención, especialmente por las dificultades que observa en la persecución de la explotación laboral.
MÁS CONDENAS, PERO PERSISTEN LOS RETOS JUDICIALES
El balance también incluye resultados positivos en los tribunales. De acuerdo con las cifras divulgadas, durante 2025 fueron condenadas 30 personas por delitos de trata, frente a 11 en 2024.
Este incremento constituye un avance en la persecución judicial de los responsables. Sin embargo, el número de condenas debe analizarse junto con las investigaciones iniciadas, los casos llevados ante los tribunales y la protección brindada a las víctimas.
El informe también señala que las autoridades identificaron 139 víctimas durante el período analizado y que todas fueron remitidas a servicios estatales o de organizaciones no gubernamentales. En 2024 se habían registrado 37 víctimas remitidas a servicios de asistencia, según el reporte reseñado por Diario Libre.
La diferencia refleja una mejora importante en la derivación de víctimas hacia servicios de apoyo, aunque persisten deficiencias en la atención especializada.
Entre ellas, el documento menciona la falta de refugios o servicios específicos para hombres víctimas de trata, así como problemas relacionados con las condiciones de protección de algunas mujeres alojadas en centros de asistencia.
También advierte que las víctimas extranjeras necesitan garantías suficientes para evitar que sean sancionadas por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación.
EL TRABAJO FORZOSO, UNO DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES
Una de las críticas más importantes del informe se refiere a la capacidad de las autoridades para detectar e investigar la trata con fines de explotación laboral.
El documento identifica riesgos en sectores como la agricultura y la construcción, donde trabajadores vulnerables pueden quedar expuestos a condiciones abusivas, restricciones de movilidad, deudas impuestas y otras formas de explotación.
El problema puede agravarse cuando las personas carecen de documentación, contratos laborales adecuados o mecanismos efectivos para denunciar abusos sin temor a represalias.
El reporte también señala que las inspecciones laborales han prestado una atención considerable al trabajo infantil, que suele ser más visible, mientras la detección sistemática del trabajo forzoso entre adultos continúa siendo insuficiente.
La situación pone de relieve la necesidad de combinar las inspecciones con mecanismos de identificación de víctimas, investigaciones penales y servicios de protección. Detectar irregularidades laborales no siempre basta para demostrar un delito de trata, pero puede ayudar a identificar situaciones que requieren una investigación más profunda.
LA REFORMA LEGAL ES UN AVANCE, PERO NO RESUELVE TODO EL PROBLEMA
El informe reconoce como un avance la modificación de la Ley 137-03, promulgada en julio de 2025, que endureció las penas para los delitos de trata de personas.
Entre los cambios señalados figura el aumento de las penas de prisión y la eliminación del requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en determinados delitos de trata que involucran a menores de edad, especialmente en casos de explotación sexual.
También se reconocen disposiciones para sancionar la negligencia de funcionarios y la aprobación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2025-2028.
Sin embargo, una legislación más severa no garantiza automáticamente una reducción del delito. Para que las reformas produzcan resultados, deben aplicarse de manera efectiva, acompañarse de recursos suficientes y traducirse en investigaciones sólidas, condenas y protección para las víctimas.
El desafío consiste en lograr que los cambios normativos tengan efectos verificables en todo el territorio nacional y no se concentren exclusivamente en determinados lugares o modalidades de explotación.
¿QUÉ NECESITA REPÚBLICA DOMINICANA PARA AVANZAR DE CATEGORÍA?
El informe apunta a varias áreas en las que el país necesita mejorar: investigar más eficazmente la trata laboral, identificar a las víctimas en sectores de riesgo, ampliar los servicios de asistencia y garantizar una protección adecuada para hombres, mujeres, niños y personas extranjeras afectadas por este delito.
También será necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades laborales, policiales, judiciales y migratorias, además de garantizar que las estadísticas permitan evaluar los resultados de manera transparente.
La evaluación internacional no depende únicamente de anunciar nuevas leyes o programas. También toma en cuenta la evidencia de que las medidas se aplican y producen resultados en la prevención, la persecución penal y la protección de las personas afectadas.
Para el Gobierno dominicano, el reto es demostrar que los avances legislativos y operativos pueden mantenerse y traducirse en una respuesta más completa frente a todas las modalidades de trata.
UNA DIFERENCIA QUE EXIGE PRECISIÓN EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL
La controversia sobre el Nivel 2 no elimina los avances que el informe reconoce a República Dominicana, pero sí pone de relieve la importancia de comunicar con precisión los resultados de las evaluaciones internacionales.
El país subió a esa categoría en 2025 y la mantuvo en 2026. Presentar la continuidad como si fuera un nuevo ascenso puede generar una percepción equivocada sobre lo que realmente cambió entre ambas ediciones.
Al mismo tiempo, centrar el debate únicamente en esa diferencia dejaría fuera el contenido sustantivo del informe: los progresos legislativos, el aumento de las condenas y la mayor remisión de víctimas a servicios de asistencia, junto con las deficiencias persistentes en las investigaciones laborales y la protección especializada.
La cuestión de fondo no es solo en qué nivel aparece República Dominicana, sino qué resultados concretos consigue para prevenir la trata, castigar a los responsables y proteger a las víctimas. La clasificación internacional es una referencia; la reducción de la explotación y la garantía de justicia son los objetivos que deben orientar las próximas medidas.
